Este es nuestro decálogo de propuestas de transparencia para los partidos

Descubre qué compromisos concretos reclamamos a todas las formaciones políticas y por qué son importantes para atajar la opacidad.

Impacto en los programas de los partidos
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Publicación de las motivaciones y denegaciones de indultos de forma argumentada

¿Por qué es importante?

Los indultos se han usado de forma masiva en los últimos años: se han concedido más de 10.000, aunque en teoría se trate de una medida excepcional.

Entre los más sonados se encuentra el indulto in extremis a Alfredo Sáenz, por entonces consejero delegado del Banco Santander; o el doble indulto a cuatro Mossos d’Esquadra acusados de torturas.

¿Cuál es la situación actual?

El indulto está regulado por una ley de 1870 que por entonces se denominó “provisional” pero que ha llegado, casi sin retoques, hasta nuestros días.

En porcentaje sobre las condenas, los delitos que son más indultados son aquellos cometidos contra los recursos naturales y el medio ambiente, los cometidos por funcionarios contra la libertad individual, prevaricación y malversación.

El Tribunal Supremo tumbó en 2013 un indulto porque el Gobierno no argumentó la decisión -y es que no lo hace nunca-. La respuesta del Ejecutivo a la sentencia no corrigió esa opacidad en la decisión, sino que añadió una coletilla genérica a cada decreto de indulto que no aporta información alguna.

Gracias al trabajo de El Indultómetro, sabemos cuántas medidas de gracia se han concedido, pero no cuántas se denegaron ni, lo que es más importante, la opinión del juez y el fiscal y las razones del Gobierno para tomar la decisión.

Nuestra propuesta

Reforma a fondo de la medida, que pase por trasladar las decisiones relativas a medidas de gracia al poder judicial, empezando porque los informes de juez y fiscal sean vinculantes.

Publicación de todas las denegaciones de indultos y de los argumentos en los que se apoya el Gobierno para conceder o no cada medida de gracia. Esto es, pedimos que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
Ciudadanos PSOE IU UPyD
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Publicación de la ejecución presupuestaria al mismo nivel de desglose que los PGE

¿Por qué es importante?

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) acapara muchísimos titulares. En cambio, lo que de verdad se gasta, la ejecución presupuestaria, pasa casi desapercibida. Si no conocemos el detalle de los posibles desvíos y el coste final, no podemos controlar el gasto del dinero público de forma efectiva.

¿Cuál es la situación actual?

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publica, de forma mensual, la ejecución presupuestaria, pero lo hace con un nivel de detalle muy inferior al desglose que ofrecen los presupuestos.

Nuestra propuesta

Publicación de la ejecución presupuestaria en formatos reutilizables al mismo nivel de detalle y con la misma estructura que los PGE.

Creación de una capa de control sobre la ejecución presupuestaria, por ejemplo vía comisión parlamentaria pública, de forma trimestral, para informar de las razones de los desvíos.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
Ciudadanos Podemos UPyD PP PSOE
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Creación de un organismo de control de la contratación pública

¿Por qué es importante?

Los casos más graves de corrupción destapados en los últimos años están vinculados a la contratación pública.

La CNMC alerta de que la falta de presión competencial que supone el uso de procesos no abiertos en las adjudicaciones públicas puede originar desviaciones medias, al alza, del 35% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año.

¿Cuál es la situación actual?

El Tribunal de Cuentas, en su informe de 2012, asegura que las irregularidades más comunes son: troceos de contratos para adjudicarlos vía contrato menor; uso sin justificar del procedimiento de urgencia y de las excepciones de publicación; irregularidades en los criterios de selección de adjudicatario; una deficiente motivación de la adjudicación; y falta de justificación de las modificaciones de contratos.

No existe un organismo encargado de realizar una vigilancia específica de la contratación pública de forma constante, como ha criticado la propia CNMC, que se ha postulado para asumir esa tarea. Los informes del Tribunal de Cuentas son parciales y llegan muy tarde.

El peso de destapar las irregularidades recae casi en exclusiva sobre los empresarios que participan en el proceso de adjudicación.

Nuestra propuesta

Creación de un organismo de control, especializado, dentro de la CNMC, que analice de forma global y metódica los contratos públicos.

Este organismo deberá contar con un buzón ciudadano que permita emprender investigaciones tras la denuncia de cualquier persona, no solo los participantes en el proceso de adjudicación.

Creación de una figura de control ciudadano en las mesas de adjudicación de contratos de regulación armonizada, como se ha planteado en otros países. Serán invitados miembros de entidades sociales o ciudadanos individuales, que podrán observar todo el proceso y presentar denuncia al organismo de control si lo consideran necesario.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
Ciudadanos PSOE
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Publicación del reparto por cabeceras de la publicidad institucional

¿Por qué es importante?

En demasiadas ocasiones se pone en duda, por parte de la ciudadanía, la independencia de los medios y la efectividad del reparto de la publicidad institucional.

De forma puntual hemos conocido algunos casos polémicos, como el reparto de la campaña de violencia de género que realizó la exministra de Sanidad Ana Mato sin tener en cuenta la audiencia.

¿Cuál es la situación actual?

En la mayoría de contratos de publicidad institucional, la administración pública adjudica el presupuesto total a una central de medios, que es la encargada de realizar el reparto bajo las indicaciones del organismo. Cómo se reparte es, excepto en algunas excepciones, confidencial.

Esta opacidad no nos permite saber si se siguieron criterios de eficiencia o primaron otros intereses.

La Generalitat de Catalunya incluyó en su Ley de Transparencia la publicación del reparto de la publicidad institucional entre medios (aunque aún no la ha hecho efectiva) y ha respondido a preguntas sobre este asunto, pero es un caso aislado.

En su último informe, el Tribunal de Cuentas ha criticado la falta de planificación y control de la publicidad institucional.

En muchos casos, la ley que regula la publicidad institucional, simplemente, no se cumple.

Nuestra propuesta

Publicación del reparto de cada campaña de publicidad institucional por cabeceras, así como los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de establecer la distribución final de los anuncios.

Creación de un mecanismo de control parlamentario que vigile el cumplimiento de la ley y de que la distribución se rija por criterios de eficiencia en el reparto de los anuncios por cabeceras.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
PSOE Ciudadanos UPyD
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Publicación de agendas de todos los altos cargos y diputados/senadores y creación de un registro del lobby

¿Por qué es importante?

La transparencia no radica solo en cuánto cobra el ministro. Es mucho más importante conocer con quién se reúne y a qué acuerdos llegan.

Para poder exigir rendición de cuentas a nuestros representantes y saber si, a la hora de aprobar una norma, el interés común prevalece sobre intereses de terceros.

Pensemos por ejemplo en cada reforma eléctrica y el enorme impacto económico que supone: ¿Con qué empresas se reunieron los altos cargos antes de redactarla? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿En base a qué documentos trabajaron?

¿Cuál es la situación actual?

El lobby no está regulado en España. La Ley de Transparencia aprobada en diciembre de 2013 no incluyó este apartado y, aunque en varias ocasiones se ha prometido la creación de un registro de grupos de interés en el Congreso, nunca se ha llevado a cabo.

Cataluña es la única comunidad autónoma que ha regulado el lobby hasta el momento, aunque su registro -que entra en vigor el 1 de octubre- tiene algunas pegas (excluye a los abogados, por ejemplo).

El acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid incluye la creación de un registro similar, aunque solo en el ámbito legislativo. Por el momento es solo una promesa.

Algunos partidos políticos (cada vez más), algunos de sus líderes y algunas entidades han decidido, de forma aislada, publicar sus agendas. Eso sí, el nivel de detalle varía mucho de unos a otros. Por ejemplo, la agenda de Pedro Sánchez excluye a aquellos interlocutores que pidan no aparecer en la misma.

Nuestra propuesta

Publicación de las agendas de trabajo completas de altos cargos (poder ejecutivo) y diputados o senadores (poder legislativo).

La agenda debe incluir todas las reuniones profesionales a excepción de aquellas que tengan que ver con asuntos vinculados a la seguridad nacional o ponga en peligro la vida y la seguridad de las personas implicadas. Se informará del/los interlocutores, el motivo de la reunión, los documentos tratados (ya sea en persona o enviados por otro medio) y el impacto de esos documentos en la normativa final. Aquí, más información.

Creación de un registro de grupos de interés que incluya a todas las personas -sin excepción- que, en representación propia o de terceros, se reúnan con representantes políticos para intentar influenciar en la tramitación de una norma o negocien precios u otro tipo de colaboraciones con ellos. Deberá incluir nombre, entidad a la que pertenece, entidad a la que representa, ámbitos de interés y reuniones a las que ha asistido.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
PSOE UPyD PP Ciudadanos IU
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Publicación de la huella legislativa completa

¿Por qué es importante?

Si las agendas de trabajo son importantes, aún lo es más el impacto que tienen los documentos y las reuniones en las leyes, decretos y normas.

¿Cuál es la situación actual?

La Ley de Transparencia excluye los documentos de trabajo y borradores de la norma.

Para un ciudadano es casi imposible hacer seguimiento del proceso de aprobación de una ley y, mucho menos, saber qué actores y documentos han participado en ese trámite.

Nuestra propuesta

Publicación, junto a cada ley (en el apartado de ‘análisis’ del BOE), decreto-ley y decreto aprobado, de un informe de huella legislativa que incluya actores y documentos y cómo han afectado al texto final.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
Podemos PP PSOE UPyD
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Publicidad detallada de los acuerdos entre la administración y la farmacéuticas sobre precios

¿Por qué es importante?

La transparencia en las relaciones entre la administración y la industria farmacéutica es uno de los factores que inciden en la estabilidad y la predictibilidad futuras de los precios de los medicamentos.

Además, esa transparencia ayuda a vigilar que los precios estén siempre dentro de límites asequibles y que el acceso a ellos a través del sistema público se produzca bajo el conocimiento ciudadano, especialmente cuando surgen nuevos fármacos o ante una crisis sanitaria.

¿Cuál es la situación actual?

El Gobierno no informa de los acuerdos alcanzados en las negociaciones con las farmacéuticas en casos como, por ejemplo, los nuevos tratamientos para la Hepatitis C.

Pudimos saber a qué precio se están adquiriendo estos fármacos gracias a la publicación de algunos detalles por parte de organismos que lo compran, como pasó en Euskadi, aunque se adjudicó vía negociado sin publicidad.

La Asamblea del Consejo de Europa ha aprobado una resolución en la que pide a los miembros de la UE que obliguen a los laboratorios a revelar vínculos e intereses, absoluta transparencia en reuniones y conflictos de interés, y que las farmacéuticas tengan que dar a conocer los costes reales de I+D.

Nuestra propuesta

Proponemos que el Ministerio de Sanidad habilite una fuente pública de información en formato web que proporcione información consolidada y detallada de los medicamentos adquiridos, las cantidades exactas, periodo y ámbito geográfico de distribución, los proveedores, los precios, la duración de los contratos y los acuerdos de distribución o compra con las comunidades autónomas.

Esta fuente deberá incluir de forma consolidada los datos de las comunidades autónomas, ya que tienen las competencias transferidas. Existen precedentes como la Base de Datos Nacional de Incendios Forestales EGIF, en la que el MAGRAMA centraliza las bases de datos autonómicas para su publicación anual.

Vinculado con la publicidad de las agendas, pedimos la publicación de las negociaciones entre las administraciones públicas y las farmacéuticas, así como el detalle de los costes de I+D que se usan como argumento en las negociaciones. Esta premisa ya se lleva a cabo en el Departamento de Salud en Reino Unido, donde las reuniones en las que se discute el precio de los medicamentos son de conocimiento público.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
Ciudadanos UPyD Podemos
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Reforma de la Ley de Transparencia que decrete el derecho de acceso como un derecho fundamental y elimine las barreras actuales

¿Por qué es importante?

Tener una Ley de Transparencia no es suficiente. La norma aprobada en 2014 dista mucho de cumplir las exigencias de una ciudadanía que reclama cada vez instituciones mas abiertas.

¿Cuál es la situación actual?

La Ley de Transparencia en vigor se queda corta. Incluye excepciones muy amplias y no reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, por lo que otras normativas de rango mayor puedan pasar por encima.

Si la norma es poco valiente, su aplicación está siendo aún más restrictiva. El proceso para solicitar información es complejo y requiere de identificación electrónica.

El borrador de reglamento que prepara el Gobierno, en lugar de aclarar conceptos que resultaban vagos (como los tiempos de respuesta), los deja en el aire y limita aún más el derecho, como también ha criticado el Consejo de Transparencia.

Nuestra propuesta

Reforma de la Ley de Transparencia para declarar el acceso a la información como un derecho fundamental y la eliminación de excepciones vagas y poco justificadas, como “los intereses económicos y comerciales”.

Aprobación de un reglamento de desarrollo de la ley que acote conceptos vagos, que establezca un plazo máximo de 10 días para que la solicitud llegue al organismo competente y que no exija identificación electrónica.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
Ciudadanos Podemos PSOE IU UPyD
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Publicación de las denegaciones de compatibilidad de los altos cargos y las razones del sí o el no

¿Por qué es importante?

Las puertas giratorias son una de las causas de la desconfianza ciudadana hacia la clase política. En ocasiones, ni siquiera se distingue entre casos ilegales, poco éticos y completamente correctos.

Como ejemplo, podemos recordar el polémico fichaje de la exministra Elena Salgado por Chilectra, filial chilena de Endesa. Se autorizó pero, ¿por qué razones?

¿Cuál es la situación actual?

El portal de transparencia del Gobierno publica las aprobaciones de compatibilidad, pero no las razones que llevan a tomar esa decisión y tampoco las denegaciones.

En general, no sabemos apenas nada sobre el trabajo de la Oficina de Conflicto de Intereses, lo que impide exigir rendición de cuentas ni ejercer vigilancia ciudadana sobre su trabajo.

Sin esa información es imposible saber si la Ley de conflictos de intereses, que exige un periodo de enfriamiento de dos años, entre otras cosas, se cumple.

La sanción que impone la ley a quien se niegue a presentar la declaración de bienes o actividades u omita de forma deliberada datos y documentos supone, simplemente, la publicación en el BOE de la propia sanción. Nada más.

Nuestra propuesta

Publicación no solo de las aprobaciones de compatibilidad, sino también las denegaciones y las razones de la decisión, así como un informe anual que explique el trabajo realizado por la Oficina de Conflictos de intereses.

Reforma de la Ley de conflictos de intereses para aumentar las sanciones en caso de faltas graves y que la no declaración de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, tras el apercibimiento para ello, pase de falta grave a falta muy grave, para igualarla al castigo que debe recibir quien miente en esos documentos.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
UPyD Ciudadanos Podemos
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Publicación abierta y completa del registro mercantil

¿Por qué es importante?

La publicación de parte de la información contenida en los registros mercantiles del Estado, que legitima los contratos y los actos inscritos por empresas y empresarios, es imprescindible para prevenir delitos de blanqueo y exención fiscal y entorpece la aparición de complejas tramas societarias, tal y como señaló el gobierno de Reino Unido en 2014 al reformar y abrir sus registros.

Además, el conocimiento público sobre las sociedades, sus cargos y sus propietarios permite al ciudadano exigir rendición de cuentas ante posibles conflictos de intereses.

Los datos que recoge el registro mercantil han sido tratados y gestionados por funcionarios públicos, pagados con los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, son nuestros datos.

¿Cuál es la situación actual?

El Registro Mercantil Central, institución oficial de publicidad que aglutina los datos contenidos en los registros provinciales, no permite el acceso gratuito a la información que contiene.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) publica, en su sección primera, actos como la constitución de nuevas empresas, nombramientos y ceses de administradores, pero la edición electrónica del BORME, limitado por su disposición por días, no permite la búsqueda de contenido en este apartado. Además, los contenidos disponibles en la web solo abarcan desde 2009 hasta la actualidad.

La falta de un acceso fácil a estos datos, junto a los aranceles aplicados para la obtención y consulta de documentos de los registros mercantiles, ha provocado que empresas privadas -que sí disponen de datos anteriores a 2009- hagan negocio con datos de carácter público que están vetados para el ciudadano que no paga sus servicios.

El Registro Público Concursal, gestionado por el Colegio de Registradores, ya permite consultar edictos concursales, publicidad registral y acuerdos extrajudiciales ligados a un deudor determinado.

Nuestra propuesta

Reforma de la página web del BORME que permita consultar, de forma gratuita, online e incluyendo un buscador por compañía, la información básica de empresas y sociedades contenida en los registros mercantiles, así como su búsqueda: razón social, dirección, sector de actividad, nombres anteriores de la empresa, propietarios, altas y bajas de directivos y administradores, estado, fecha de entrega de cuentas e historial de presentación de documentos, así como los documentos asociados, en línea con Companies House del Reino Unido.

Toda esa información debe estar disponible, además, para descarga, a través de formatos abiertos y reutilizables, como ya hace Companies House en Reino Unido.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
Podemos UPyD
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Publicación desglosada de los presupuestos y gastos de prevención y extinción de incendios

¿Por qué es importante?

De 2001 a 2013 se han producido más de 214.000 incendios forestales, una media de casi 16.500 al año.

Durante los últimos años se han denunciado de forma recurrente los recortes en extinción y prevención, pero no existen datos públicos completos que permitan valorar cuál ha sido la evolución del gasto.

¿Cuál es la situación actual?

La mayoría de administraciones públicas no publica de forma desglosada cuál es el gasto en prevención y extinción, así como su evolución.

Sólo Andalucía, Asturias, Extremadura, Murcia y los ministerios de Presidencia y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente respondieron a solicitudes de información sobre este punto. Esto es, 13 comunidades autónomas incumplen la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información medioambiental.

Nuestra propuesta

Publicación de forma desglosada de los presupuestos y la ejecución del gasto en prevención e incendios forestales, así como su evolución, tanto por cada comunidad autónoma como de forma conjunta por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Partidos que recogen la propuesta en su programa
UPyD
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